Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Con este mi primer blog trato de dar a conocer los bellos lugares que he visitado y al mismo tiempo, animar a cuantos vean esta pequeña aportacion, a que elaboren y publiquen sus blogs para el enriquecimiento visual y cultural de los demas. Salud y Paz.
El 15-M deja huella en sólo tres meses de vértigo
Los expertos repasan los logros conseguidos en un tiempo récord por el movimiento de los indignados
Conteste muy rápidamente, sin pensar: ¿cuánto tiempo hace que irrumpió el Movimiento 15-M?
Lo más probable es que se haya pasado: justo hoy se cumplen tres meses ¡sólo tres meses! de la manifestación en la Puerta del Sol de Madrid que inició la espiral de movilizaciones de indignados que ha sacudido España.
Y pese a los periódicos augurios que señalan que el movimiento está a punto de deshincharse, y que la spanish revolutioncomo bautizó en seguida la prensa internacional a la ola de rebeldía nada tiene que ver con el significado tradicional de revolución, la mayoría de expertos coincide en que el 15-M ha dejado ya huellas duraderas. Lo que sigue es una recopilación de algunos de los logros conseguidos en tres meses de vértigo.
1- Ley electoral
El fin del consenso
Las elecciones del 20-N se celebrarán con el mismo sistema electoral empleado desde la recuperación de la democracia, pero por vez primera en más de 30 años se haresquebrajado el consenso al respecto de los dos grandes partidos: el PSOE llevará en su programa una propuesta de reforma inspirada en el modelo alemán, que combina las listas abiertas con un reparto de escaños más proporcional, y algunas voces de peso en el PP como Esperanza Aguirre defienden sin tapujos las listas abiertas
Algunas formaciones minoritarias, singularmente IU, la más perjudicada por la ley vigente, llevanmuchos años exigiendo una reforma de la ley, pero nunca pudieron erosionar el consenso de los dos grandes partidos. Tampoco se logró horadar desde el mundo académico, que ha producido una gran cantidad de estudios e informes encaminados hacia la reforma.
"Llevábamos muchísimos años trabajando desde la Universidad sobre la necesidad de cambio y formulando propuestas, pero era como clamar en el desierto. El 15-M ha cambiado el paisaje en muy pocos días", admite Ariel Jerez, politólogo de la Universidad Complutense de Madrid.
2- Hipotecas
Cambios ya en marcha
Desde el estallido de la crisis, decenas de miles de personas se han quedado sin casa al no poder abonar la hipoteca. Y pese a que grupos activistas llevaban tiempo exigiendo mayor protección, las instituciones y las entidades bancarias afrontaban la plaga casi como una fatalidad sobre la que nada podían hacer.
El 15-M no sólo ha parado en la calle decenas de desahucios, sino que ha forzado cambios concretos en la banca y en el Congreso: Bankinter ofrece ahora la dación en pago en todas sus hipotecas y el Banco Santander citó explícitamente el 15-M para explicar su decisión de ofrecer tres años de carencia a sus clientes con hipoteca que queden en paro o reduzcan sus ingresos el 25%.
El Congreso también se movió y aprobó dos medidas para dar más protección a los hipotecados: elevó el sueldo no embargable por impago hipotecario y también el porcentaje de valoración de los inmuebles embargados que no tienen pujas en las subastas.
Los cambios quedan lejos de la exigencia de dación en pago (que la entrega del piso salde la hipoteca). Pero los problemas de los hipotecados se han colocado en el centro del debate. "El gran mérito del 15-M es que ha sido capaz de poner en la agenda temas que antes no estaban, por importantes que fueran. Y esto tiene muchísimo mérito", opina el filósofo Josep Ramoneda.
3- Transparencia
Al fin, realidades
Access Info es la ONG internacional de referencia en favor de la transparencia pública y tiene la sede en España porque este es el mayor país de la UE sin Ley de Transparencia. El 15-M ha acelerado el fin de la anomalía: tras años de tener aparcado en el cajón un proyecto de ley que ni cumplía el estándar internacional, el Gobierno ha presentado al fin su proyecto. Y muy mejorado.
No habrá tiempo de aprobarlo, pero a rebufo del 15-M queda un texto del Gobierno con el umbral mínimo que equipararía a España a la mayoría de países occidentales.
La presión en favor de la transparencia del 15-M ha provocado un alud de iniciativas en parlamentos y en la Administración local: entre otros, la divulgación de los sueldos de los diputados andaluces ahora se sabe que Javier Arenas ingresa 178.000 euros brutos al año y la renuncia de privilegios como el coche oficial en determinados casos.
"Algunas cosas que muchos políticos daban por supuestas, ahora hacen enrojecer y su continuidad se ha convertido en inviable", apuntaGemma Galdon Clavell, politóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), quien está convencida de que el grado de tolerancia con la corrupción también se ha modificado: "Sin el nuevo marco del 15-M, quizá Rajoy hubiera pensado que podría llegar a la Moncloa con Camps procesado. Ahora ya no", concluye.
4- La calle, ágora
Escuela de ciudadanía
"El 15-M ha recuperado la calle como espacio público de ciudadanía", subraya Sandra León, del Laboratorio de la Fundación Alternativas. Puede parecer algo inconcreto, pero los expertos coinciden en que las implicaciones de transformar un lugar de paso de consumidores en un ágora de ciudadanía son enormes.
"Las calles se han convertido de pronto en un espacio de aprendizaje colectivo de ciudadanía impresionante", remacha León. "La calle vuelve a ser de verdad de todos y ha sido el lugar donde se han expresado de nuevo con fuerza derechos fundamentales, como el de expresión y de reunión, que parecían estar muy olvidados", le secunda Miguel Ángel Presno, de la Universidad de Oviedo.
5- Vuelve la política
El regreso inesperado
"De repente, en el bar donde solía almorzar, siempre lleno de obreros, todo el mundo se puso a hablar de política y de la ley electoral". Juan Cobo, uno de los primeros portavoces de la Asamblea de Sol, aún sigue sorprendido de la politización a su alrededor, aunque no se canalice a través de los partidos tradicionales.
En poco tiempo, y justo cuando la política parecía un mero juguete en manos de los mercados, decenas de miles de personas han descubierto juntos qué es la Ley de Hondt, qué significa "dación en pago" o qué es una agencia de rating, entre muchas otras cosas.
La política tradicional no ha quedado al margen de esta fiebre repolitizadora y, según la mayoría de expertos, ello ha afectado sobre todo a la izquierda institucional. Hasta el punto de que el15-M sería en parte responsable del giro que ha emprendido Alfredo Pérez Rubalcaba en el PSOE, lleno de guiños al movimiento. "Los valores asociados a la izquierda, como la cohesión social y la solidaridad, vuelven a estar en la agenda, lo que ha despertado algo a la izquierda institucional, que llevaba mucho tiempo ensimismada sólo en la gestión del sistema", apunta el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Fernando Vallespín.
6- Eco internacional
No sólo Israel
La mayor movilización social de la historia de Israel se ha inspirado en los indignados de la Puerta del Sol. Pero el eco internacional del movimiento, ya enorme desde que copó de inmediato la primera página del Washington Post, sigue sin apagarse.
Recientemente, han coincidido en mostrar fascinación por el movimiento The Economist yGlobal Research. Nadie hubiera imaginado que la biblia liberal pudiera estar de acuerdo en algo con uno de los faros académicos de la extrema izquierda. Pero en sólo tres meses, el 15-M ha puesto casi todo patas arriba.
"Las fuerzas de seguridad marroquíes abusaron y propinaron palizas de manera repetida a los detenidos después de los disturbios el 8 de noviembre en El Aaiún". La ONG Human Rights Watch (HRW) ha emitido este viernes un informe demoledor en el que acusa a Marruecos de torturar a los saharauisarrestados en el Campamento de la Dignidad a principios de mes.
El documento se basa en los testimonios recogidos por sus enviados a la zona, que se han entrevistado con activistas, abogados, miembros del Gobierno y las propias víctimas y familiares.
La mayoría de los detenidos denuncian palizas y uno de los saharauis que aún está en la cárcel, incluso dice afirma haber sido violado. Marruecos niega todas las alegaciones, anuncia una investigación independiente y sigue justificando el uso de la fuerza en defensa propia.
En realidad, el informe presentado por HRW trata de desmontar cualquier comunicación oficial marroquí con testimonios directos de los implicados. La ONG afirma que los días posteriores al asalto cientos de personas fueron detenidas en sus casas y aún quedan en la cárcel más de 100.
Asimismo asegura, citando a activistas por los derechos de los saharauis, que nueve de ellos han sido transferidos a un penitenciario en Rabat donde se enfrentan a un tribunal militar.
El documento explica que tras el desalojo del campamento, la policía marroquí atacó a civiles saharauis y quemaron sus casas y negocios, además de impedir el acceso al tratamiento médico de los heridos.
Rabat justificó el uso de la fuerza al verse amenazado por una revuelta, pero para la enviada de HRW a Oriente Medio y el Norte de África, Sarah Leah Whitson, "las fuerzas de seguridad no pueden justificar de ninguna manera someter a palizas a los presos".
No ha sido el parón absoluto que los sindicatos hubiesen soñado, pero ni mucho menos el fracaso estrepitoso que a la derecha tanto le hacía salivar. El sindicalismo, afortunadamente, sigue vivo, aunque España es un lugar peculiar. Dentro de la Unión Europea, este país mantiene dos plusmarcas muy esclarecedoras: es uno de los estados con menor porcentaje de afiliación sindical entre los trabajadores (sólo el 15%); y también el que más porcentaje de empresas tiene asociadas en la patronal (el 72%).
Sin hacer sociología de barra de bar, y culpar a la pereza hidalga o a la siesta de nuestros males históricos, hay tres motivos que explican bien esta doble anormalidad, que tanto se nota después cuando se compara la protección social en España con la de los demás países europeos. El primero: que, a diferencia del resto de la UE, los sindicatos eran aquí ilegales hasta hace no tanto. El segundo: que la gran mayoría del tejido empresarial español está compuesto por pymes, por pequeñas empresas, donde cuesta mucho más plantar cara al patrón. El tercero: que también somos el país de Europa con mayor paro y mayor temporalidad en los contratos; es decir, el país con mayor precariedad laboral.
Que con mimbres como estos, con el miedo al abismo económico que nos derrota a todos, con la martilleante campaña antisindical y con casi todos los medios y las encuestas en contra, los sindicatos hayan sido capaces de movilizar a millones de trabajadores en una huelga como la de ayer, supone un toque de atención que el Gobierno no debería ignorar. Los que han protestado no son, precisamente, los votantes de Mariano Rajoy. Es el presidente José Luis Rodríguez Zapatero quien se juega el futuro del PSOE si no sabe escuchar, negociar y rectificar.
No hablamos de Brooklyn, sino de Alicante. No es Chinatown, sino Madrid, Castellón, Boadilla, espías de quita y pon, inauguraciones millonarias fantasmas, privatizaciones a granel…
Y el PP, al igual que los delincuentes perfilados por Chandler y Hammett, pretende lavar su mugre y desvergüenza escupiendo duda y mala baba hacia la policía y los jueces.
A los rufianes novelescos les importaba muy poco el deterioro de la judicatura, la gendarmería o cualquier otra institución pública con tal de engordar el caldo de sus pillajes. Al PP le ocurre lo mismo. Desprestigian las instituciones básicas del Estado y convierten en un problema a la clase política si ello les permite extender los tentáculos del pulpo de la corrupción (no lo confundamos con el simpático Paul) que asfixia el bienestar de millones de ciudadanos.
Así, el PP intenta estos días desviar el zoom que apunta hacia unos golfos (ah, sí, presuntos) que tejen y destejen recalificaciones, adjudicaciones, contratos públicos amañados (sí, sí, presuntamente)… un black hole que absorbe millones de euros que deberían emplearse en buenos hospitales, dependencia, colegios con adecuadas instalaciones, empleados mejor pagados, pensiones, infraestructura, seguridad ciudadana…
Para que los focos no apunten a la canalla, el PP no duda en arrojan cortinas de humo en forma de “detenciones cinematográficas” o irregulares “fraguadas en despachos ministeriales”, conspiraciones, “cacerías políticas”, persecuciones judiciales... lo que sea con tal de desviar la atención del meollo: las entrañas de un partido corroído por la corrupción, el babeo por el poder y la orfandad de escrúpulos.
“En tiempos del PP estas cosas no ocurrían“ aseguró Rajoy el jueves. Evidentemente… ¿cómo iba el PP a perseguirse a si mismo? La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) no existía en los tiempos de Aznar. Fue creada en el seno de la Comisaría General de Policía Judicial en abril de 2006.
En los tiempos del PP lo que ocurría era que una pléyade de Correas y “Bigotes” chapoteaban en las cloacas del dinero negro y la podredumbre aunque después plancharan sus trajes para asistir a bodas fastuosas en El Escorial.
El gobierno siguiente lo que intentó, y consiguió, fue potenciar en medios humanos y materiales la lucha contra los delitos económicos, incluida la corrupción. Ciertamente, por muchas armas y droga que se incauten, nada se arreglaría sin pulverizar el entramado financiero y las sociedades de blanqueo de dinero.
Y aquí topamos con turbias contrataciones públicas, recalificaciones a favor de amigos, sobornos, tráfico de influencias. ¿Qué hace, entonces, el PP? ¿Arrojar luz? ¡Pues justo lo contrario! Poner en cuestión la actuación de la policía o los jueces mediante una partitura desafinada de “cacerías políticas”, conspiraciones y exabruptos.
En este sentido, el PP no solo es un peligro para la democracia por sus casos de corrupción, sino por la erosión que provoca en instituciones vitales para el pulso del corazón del Estado.
La corrupción, en si misma, es una cáncer para la convivencia democrática, toda vez que los recursos que deberían fluir hacia una sanidad pública y de calidad, una educación laica y bien dotada, carreteras seguras, infraestructuras modernas, pensiones dignas, aplicación rápida de la ley de dependencia… todo queda ahogado en la grasa choricera.
Y, por otra parte, nunca debemos olvidar que la sociedad moderna no se sustenta en demiurgos ni en revelaciones del más allá, sino en la confianza que inspiran unas instituciones robustas y limpias.
Cuando estos andamiajes dejan de generar confianza, se pudren, Y cuando se corrompen los armazones de un edificio, éste se derrumba. Pero al Partido Popular eso parece importarle muy poco.
MANUEL RIVAS
José Saramago se vio con la muerte en la Navidad de 2007. Casi un año después, en Lisboa, me contaba ese encuentro con mucha serenidad, incluso con una cierta compasión por aquel personaje que había venido para llevárselo: "Que no me hablen de la muerte porque ya la conozco. De alguna forma ya la conozco". Y me explicó que la muerte se alimenta de palabras, les devora el tuétano, y el rastro que deja es un silencio mudo. La parte de su cuerpo que resistió fue el lenguaje, que lo mantenía vivo, en vilo, con una excitación germinal: "Me oía a mí mismo, y el humor con el que yo me comunicaba me sorprendía, me emocionaba".
Así que el lenguaje, la boca irónica de la literatura, lo levantó del suelo. Y ese plus, ese tiempo "de más", fue una conquista del humor de las palabras y un regalo para José, para quienes más le querían, y para nosotros. Algo había de parábola en lo sucedido. Samuel Beckett habló de "la muerte de las palabras". Las palabras que ya no quieren decir. La obra de Saramago tiene desde el inicio la condición de rescate. Él viajó al núcleo del silencio y se encontró con las "voces bajas" de la historia que todavía tenían mucho por decir. Como diría Vladimir, en Esperando a Godot: "Estar muertas no es bastante para ellas".
Poco antes de aquel episodio hospitalario, había coincidido con Saramago en la inauguración del Parque de la Memoria en Buenos Aires, a orillas del río de la Plata. Al recordarle, es allí donde lo veo. Su imagen más punzante. Amenazaba tormenta, con esa conciencia que a veces tiene la naturaleza de los dramas humanos. Él describió muchas veces esa implicación anímica del paisaje. Así, en el relato Desquite: "En la distancia la atmósfera temblaba".
En aquel memorial, cada nombre está escrito en el lomo de un libro de piedra. Saramago leía con el tacto de los ojos, como en braille, los nombres de los desaparecidos, muchos de ellos arrojados desde aviones militares al río. Allí estaba el hombre que había escrito Todos los nombres. Y aquella mirada noble expresaba la derrota de la humanidad. Decía como en el verso de Novoneyra: "Todo lo que le ha pasado al ser humano me ha pasado a mí".
En todo caso, él estaba allí, donde la atmósfera temblaba.
Los buenos sentimientos no garantizan una buena literatura. Eso era algo que Saramago tenía claro. Pero tal vez ayudan en la ortografía. Fue uno de los pocos triunfos que él experimentó de niño. Lo cuenta con alegría en Las pequeñas memorias. El que una maestra ensalzara su buena letra, ese primer trato con la palabra escrita. Como es sabido, no fue un autor precoz. Tal vez porque dedicó mucho tiempo a escuchar. Conocía sonidos que ya pocos distinguen. Hasta que tuvo "habitación propia", vivió en espacios muy pequeños, hacinados, donde no cabían los fantasmas, ni siquiera los navideños. Pero él oía por la noche a la costurera trabajar incansable detrás de las paredes. La costurera que se había quedado prisionera con su máquina por coser los domingos. Aquella máquina era la termita. Pero José aprendió a escuchar con la imaginación. La máquina de coser y la termita eran tan reales la una como la otra. Las palabras eran hilos que se ovillaban en la memoria. Un día tiró de un hilo suelto, lo liberó poco a poco, con la blandura caliente del lodo vivo, y descubrió que su cuerpo era un río: "Nadan peces en mi sangre y oscilan entre dos aguas / como las llamadas imprecisas de la memoria".
"Las palabras sueñan que las nombramos", dice Carlos Oroza en un poema. Había muchos hilos sueltos, muchas palabras, muchas memorias proscritas esperando por José Saramago. No es casual que su primera gran obra se titulase Levantado do chão (Alzado del suelo). Todo el saber acumulado, la esmerada ortografía, el don de ver más de las paredes, la escucha de la imaginación, la memoria amasada con fermento, aquella melancolía que era sinónimo de libertad y deseo, la diligencia periodística, todo se concitó para levantar las voces del suelo, para sostener en vilo el lenguaje. Y entonces el escritor, ni viejo ni joven, se apresuró a escribir como si oyese el mandato del surrealista René Char en Común presencia: "Apresúrate a transmitir lo que te corresponde de maravilla, de rebelión, de generosidad".
Maravilla, rebelión, generosidad. Esas tres palabras ganan juntas y accionan toda la energía del efecto Saramago. Es algo que se percibe nada más abrir Memorial del convento. ¿Qué ocurre? La atmósfera tiembla. Es ese tipo de obra que sabemos extraordinaria, pero que no sabemos cómo se ha escrito. El poema de René Char vuelve a pensar en José Saramago: "Has sido creado para momentos poco comunes". El Memorial, una novela sin concesiones, lo hizo popular. En cada obra que siguió, apostaba siempre la cabeza. En el prólogo que escribió para las memorias de Marcos Ana (Decidme cómo es un árbol), el luchador español encarcelado desde 1939 hasta 1961, José Saramago habla de la necesidad de derrotar el cinismo, la indiferencia y la cobardía. Como persona, Saramago no fue ni cínico, ni indiferente ni cobarde. Hay una cita de La sagrada familia que le gustaba en especial, y que le permitía saborear en público el nombre fastidioso de Karl Marx: "Si el hombre es formado por las circunstancias, entonces es necesario formar las circunstancias humanamente". Pero además, para el escritor, el no ser cobarde, el no serlo mientras escribe, es una exigencia. Y José Saramago fue un escritor muy valiente. Algunas de sus novelas, que arrancan de alegorías, parecían empeños imposibles. Pero al final siempre consigue que hable la boca de la literatura, de la humanidad.
En el mismo libro donde aparece ese trazo fulgurante de la atmósfera que tiembla, Casi un objeto, hay otro relato situado en el contexto de una dictadura donde se rebelan los utensilios, las máquinas, las puertas, los buzones, los ascensores. Hay un paro de relojes. Una humorística disidencia que relata la suspensión de las conciencias. Y en otro cuento, Centauro, vivimos angustiados la última carrera del hombre-caballo, la crónica homérica de la interminable guerra entre deseo y muerte. En el Desquite, donde tiembla la atmósfera, un joven aldeano se desnuda y atraviesa un río para vivir su primer encuentro amoroso, después de asistir espantado a la castración de un cerdo. La imaginación no se desentiende de lo que llamamos realidad, pero la hace fermentar. Saramago consigue que la realidad se sorprenda de sí misma.
Hay momentos en su obra en que marchan juntos vivos y muertos. En la historia, hay empeños comunes. Como en Rulfo, tienen mucho que contarse. De repente, Saramago se olvida del lector y se dirige a una de las personas que más quiso, a su abuela Josefa, la mujer de Jerónimo: "Tú estabas, abuela, sentada en la puerta de tu casa, abierta ante la noche estrellada e inmensa, ante el cielo del que nada sabías y por donde nunca viajarías, ante el silencio de los campos y de los árboles encantados, y dijiste, con la serenidad de tus noventa años y el fuego de una adolescencia nunca perdida: 'El mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir'. Así mismo. Yo estaba allí".
Sí. Él estaba allí, donde tenía que estar, cuando la atmósfera temblaba.
La derecha política, mediática y eclesiástica se ha lanzado a exigir “elecciones cuanto antes”. La prensa cavernaria le hace el juego sucio a Mariano Rajoy Brey. Quieren ponerle fácil la situación a Rajoy para que por fin llegue a Moncloa, como se las ponían a Fernando VII, ese Rey felón y absolutista, que se cepilló la Constitución de Cádiz y que perseguía a sangre y fuego a los liberales de verdad. Nada que ver, por supuesto, con los neoliberales de ahora, ubicados de hecho en la derecha extrema.
Los monseñores han utilizado una vez más a su COPE como plataforma política partidista, siempre a favor de los conservadores. O de los carcas. ¿Por qué los jerarcas de la Iglesia piden que se adelanten las elecciones? ¿Por qué esta nueva intromisión de los jefes de la religión católica en el ámbito de la política? No tienen vergüenza. ¿Hay alguien que haya escuchado a un prelado español anunciando que se iba a rebajar sus emolumentos? ¿Hay alguien que recuerde alguna reflexión social o alguna pastoral consistente, por parte de cardenales y obispos, respecto a la crisis?JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 18/05/2010
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha autorizado el traslado durante siete meses al Tribunal Penal Internacional (TPI) del juez Baltasar Garzón, aunque no en situación de servicios especiales, es decir, una condición administrativa equivalente a una excedencia. Según la Comisión, desde el punto de vista orgánico, no existe ninguna razón ni impedimento legal que impida su contratación como asesor del fiscal de la Corte de La Haya Luis Moreno-Ocampo.
La decisión se ha producido una vez que el CGPJ ha recibido los cinco informes favorables que había solicitado: de Exteriores, de la Fiscalía del TPI, de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo -que juzgará a Garzón por investigar los crímenes del franquismo-, de la Fiscalía General del Estado y del secretario general del Consejo.
La resolución ha obtenido los votos a favor de Margarita Robles, Manuel Almenar y el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y dos votos particulares. El primero es de la vocal progresista Almudena Lastra, partidaria de que se le hubiese concedido el traslado en calidad de servicios especiales. El otro es del vocal conservador Antonio Dorado, que entiende que la Comisión Permanente se debía haber limitado a conceder o no la petición de Garzón de que se le enviase en calidad de servicios especiales. Una vez negada esta, no cabía la posibilidad de aplicarle un régimen distinto.
Fuentes del CGPJ ya habían adelantado que la figura de los servicios especiales no cabía aplicarla en este caso (hay jurisprudencia al respecto de la Sala Tercera del Supremo) porque está orientada para jueces en activo a los que se encomienda un cometido distinto del que desempeñan en un momento determinado. Pero no para jueces suspendidos de funciones.
La Fiscalía del Estado se había pronunciado, sin embargo, a favor de conceder a Garzón la situación de servicios especiales. En el informe enviado esta mañana, en el que daba su aprobación al traslado de Garzón a La Haya, la fiscalía argumentaba que la Ley Orgánica del Poder Judicial no impide que un juez "provisionalmente" suspendido pueda acceder a esta situación.
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 17/05/2010
Cuatro días después de haber sido suspendido como juez de la Audiencia Nacional por el Consejo General del Poder Judicial, Baltasar Garzón recibe hoy un premio fuera de España. Se trata de uno de los galardones más importantes de la defensa de los derechos humanos, el Premio Libertad y Democracia René Cassin, nombre del principal redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Nobel de la Paz en 1968.
La entrega se hará en París, a las 20.45 de la tarde, después de un coloquio sobre justicia internacional en el que intervendrán el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno-Ocampo -que ha invitado al juez Baltasar Garzón a unirse a su equipo como asesor-, y el ex primer ministro de Francia Dominique de Villepin además del propio Garzón, entre otros.
Jeune République, la asociación académica internacional que creó este premio, publica en su página web un artículo titulado La capitulación de la democracia española en el que resume el proceso abierto contra Garzón y su desenlace "contra toda lógica y ante la incredulidad de una escena internacional impotente, reducida a devolverle homenajes".
El premio Libertad y Democracia René Cassin se otorga, según Jeune République, a personas destacadas "por su defensa de los valores democráticos en un ambiente hostil". Consiste en una creación del artista Miquel Barceló, autor de la cúpula del Palacio de las Naciones de la ONU en Ginebra.
Garzón está a la espera de saber si le conceden o no la autorización para unirse al equipo del fiscal Moreno-Ocampo como asesor durante siete meses.
N. JUNQUERA / R. TORRES T. CONSTENLA - Madrid - 15/05/2010
Muy pocos celebraron ayer una decisión que todos se esperaban. Apenas Manos Limpias, esa extraña organización ultraderechista que dice ser un sindicato y Falange Española de las JONS, las siglas a las que Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, atribuye el 98% de los asesinatos del franquismo, aplaudieron al Consejo del Poder Judicial. Entre los juristas, los artistas, los defensores de los derechos humanos y en primer lugar, los familiares de las víctimas del franquismo, la indignación era absoluta.
- J. A. Martín Pallín: "Me preocupa el crédito democrático de España". El juez del Supremo confesó estar "muy triste y preocupado por el crédito democrático de España en el mundo". "Me cuentan que el Príncipe ha comentado en actos que en cada viaje le preguntaban preocupados: '¿Qué le está ocurriendo a Garzón?' Esto es un problema mundial y el juicio oral será un espectáculo internacional bochornoso. Se han despreciado los dictámenes del ministerio fiscal y el derecho internacional, de vigencia en España, de una forma irracional".
- Carlos Jiménez Villarejo: "Es un golpe similar al 23-F". El ex fiscal anticorrupción aseguró: "Estoy triste por Baltasar y por la democracia, que está sufriendo los mayores golpes desde que se instauró. Este es similar al 23-F. 35 años después de la muerte del dictador la extrema derecha ha conquistado una victoria. Y ha sido posible por un Supremo sensible a esa persecución y un Consejo cómplice. Han atentado contra la independencia judicial y provocado un daño irreparable con un proceso lleno de incorrecciones. Es un día de amargura".
- Raúl Zaffaroni: "La dictadura de los colegiados". El juez que participó en la sentencia que acabó con las leyes que amnistiaban los delitos de la dictadura argentina explicó: "Cuando se sanciona a los jueces porque no acatan criterios de los tribunales colegiados de alzada se viola la independencia interna del poder judicial, se produce una enorme inseguridad, se corporativiza el poder judicial, se establece la dictadura de los colegiados. Realmente, no entiendo muy bien las motivaciones que llevan a España a empañar su proceso democrático".
- Las víctimas: "Ha vuelto la Inquisición". Emilio Silva recibió ayer muchísimas llamadas de ancianos rotos por la noticia. "No doy crédito al cinismo del Consejo, que por la mañana decía que no quería tomar una decisión injusta. La inquisición ha vuelto y estamos rabiosos, indignados. Creo que desde que el fiscal dijo que los crímenes del franquismo eran delitos comunes hasta ahora se ha ido representando un guión". Fausto Canales, que tiene a su padre y a su tío enterrados en el Valle de los Caídos, lloró mucho: "Es un acto miserable, una vendetta personal", dijo.
- Asociaciones de defensa de los derechos humanos. "La víctima es la justicia". "La justicia se ha convertido en la víctima de España", según Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch. Amnistía Internacional tachó la suspensión de "hecho escandaloso" que "debilita la credibilidad española en los foros de defensa de derechos humanos".
- Asociaciones judiciales. "Es un ataque a la independencia judicial". Para la Comisión Internacional de Juristas "nunca se debería haber llegado tan lejos". La suspensión de Garzón es "un ataque a la independencia judicial", señaló un portavoz. Jueces para la Democracia aseguró que la ley "no dejaba otra opción". La asociación Francisco de Victoria opinó que el Poder Judicial debería haber resuelto antes la autorización para el traslado de Garzón a La Haya y la Asociación Profesional de la Magistratura aseguró: Garzón "no es más que nadie".
- José Saramago: "Las lágrimas de Garzón son mis lágrimas". El Nobel de literatura opinó: "Quien se atrevió con los dictadores ha sido apartado de la magistratura por sus pares. O mejor dicho, por los jueces que nunca procesaron a Pinochet ni oyeron a las víctimas del franquismo. Millones de personas saben señalar el cadáver, que no es el de Garzón, respetado y querido en todo el mundo, sino de quienes, con todo tipo de argucias, no quieren una sociedad con memoria, sana, libre y valiente".
- Artistas. Pedro Almodóvar: "Desasosegante desconfianza". El cineasta manchego declaró que la suspensión del juez le provocaba "una desasosegante desconfianza en el sistema judicial". El actor Juan Diego Botto dijo: "Tratando de abofetear a Garzón se abofetea a los familiares de 113.000 desaparecidos".
- UGT: "Lamentable". Para el sindicato es la "suspensión lamentable de un juez íntegro". "Despierta demasiadas sospechas".
- Miguel Ángel Moratinos: "Que cada uno valore". "Debemos respetar la decisión del Consejo del Poder Judicial y, a partir de ahí, que cada uno valore lo que supone".
- Soraya Sáenz de Santamaría: "Respeto a la decisión". La portavoz del PP en el Congreso afirmó: "Cualquier persona está sujeta a la ley".
- PNV: "Un juez mejorable suspendido por el motivo menos razonable".
El PNV dijo entender "el flujo de simpatía" hacia el juez de la Audiencia Nacional.
El Supremo vence al juez de la democracia
Garzón, instructor de las principales causas judiciales de la historia reciente en España, suspendido de funciones por investigar los crímenes del franquismo
JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid - 15/05/2010 “EL PAIS”
El poder del Tribunal Supremo acabó ayer con la carrera de Baltasar Garzón, el juez de la democracia . Desde la Audiencia Nacional, el magistrado ha instruido en los últimos 22 años la mayoría de las principales causas judiciales de la historia reciente en España.
Una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias , a la que se adhirió Falange Española, ha llevado a Garzón hasta el banquillo de los acusados, donde será juzgado como supuesto autor de un delito de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo a sabiendas de que no podía hacerlo, según defienden los querellantes .
La instrucción de ese caso arrancó como consecuencia de las 22 denuncias presentadas por asociaciones y víctimas del régimen franquista a las que ningún tribunal había amparado hasta entonces. Las diligencias practicadas desencadenaron una fortísima disputa judicial entre la Fiscalía, que entendía que no había competencia para investigar, y Garzón, que citaba en sus escritos diversa jurisprudencia internacional para avalar los trabajos que estaba llevando a cabo.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró la falta de competencia del juez para investigar los crímenes del franquismo. Hubo tres votos particulares que sostuvieron lo contrario. Tres magistrados de la Audiencia Nacional respaldaron la competencia de Garzón para investigar el franquismo y varios jueces de tribunales inferiores ratificaron esa misma tesis unas semanas después.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se opuso al procedimiento de Garzón, nunca consideró que el juez pudiera estar cometiendo un delito de prevaricación.
Pese a ello, Luciano Varela, el magistrado del Supremo que instruyó la querella de Manos Limpias y de Falange , entendió que había suficientes indicios de prevaricación para ordenar la apertura de juicio oral contra Garzón.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial , en estricta aplicación de la Ley, suspendió ayer de funciones al juez Garzón por estar procesado. Unos minutos después de conocerse la decisión del Gobierno de los jueces, Garzón abandonó el edificio de la Audiencia entre aplausos, gritos de ánimo, lágrimas y abrazos de jueces, fiscales, secretarios judiciales y otros trabajadores.
Garzón pretende trabajar durante los próximos siete meses como asesor de la Corte Penal Internacional y espera recibir la autorización del Consejo General del Poder Judicial para trasladarse en comisión de servicios a La Haya.
El juez español con mayor prestigio internacional deja en la Audiencia un abundante expediente de causas relevantes para la historia de España y de otros países, como Chile o Argentina. Sus investigaciones contra el narcotráfico, los crímenes de Estado, el terrorismo o la corrupción le acarrearon poderosos enemigos, desde el Gobierno de Felipe González hasta traficantes de droga y de armas, pasando por el dictador Pinochet, al que ordenó detener, o el Partido Popular.
En su larga carrera profesional, Garzón ha sufrido múltiples querellas que, hasta el día de ayer, se habían archivado sin demasiado ruido.
Tanto el PSOE como el PP han denunciado en distintas etapas desde 1990 a Garzón por investigaciones que dirigía el juez y que afectaban a los intereses de estos partidos. Los socialistas, que llegaron a incluirle en sus listas electorales y a darle un cargo público durante uno de los mandatos de Felipe González, le denunciaron por la instrucción del caso GAL, que acabó con las condenas de cárcel para significados dirigentes del Gobierno socialista por amparar el terrorismo de Estado contra ETA.
Los populares se lanzaron contra el juez a raíz del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada a una decena de administraciones gobernadas por el Partido Popular. La formación que preside Rajoy exigió desde el primer momento que Garzón dejara la causa por entender que había aforados, nacionales y autonómicos, y que debía ser instruida en los tribunales superiores de Justicia de Valencia y Madrid y en el Tribunal Supremo.
Garzón se inhibió tras varios meses de investigación del caso, pero las conclusiones que había sacado y escrito en distintas resoluciones han sido ratificadas e incluso ampliadas en su gravedad por los fiscales y jueces que han retomado el caso tanto en Madrid como en la Comunidad Valenciana.
Las relaciones de Garzón con el Tribunal Supremo siempre han sido tormentosas. Hasta el punto de que en algunos casos el Supremo se ha permitido lanzar duros reproches a Garzón en el texto de algunas sentencias donde reducía las penas a delincuentes condenados en la Audiencia Nacional y criticaba al instructor, como ocurrió en el caso Nécora de narcotráfico.
En la lucha contra ETA y su entorno, Garzón abrió en 1998 un sumario que todavía colea y que permitió desarticular los distintos aparatos logístico, político, financiero y propagandístico de la banda terrorista. Las ilegalizaciones de Batasuna y sus partidos satélites, amparadas por la Ley de Partidos Políticos, llegaron siempre antes de la mano de Garzón que del Supremo.
Dirigentes del Gobierno entienden que la animadversión entre magistrados del Supremo y Garzón, por cuestiones de pura competencia profesional, explica lo ocurrido en los últimos meses. Durante 20 años, las querellas presentadas contra Garzón en el Supremo fueron desestimadas sin contemplaciones.
En el último año, las tres denuncias contra el juez que se han presentado ante el alto tribunal -por investigar los crímenes del franquismo, por el patrocinio bancario de unos cursos que dirigió en Nueva York y por ordenar escuchas a los abogados de la trama Gürtel en la cárcel- han sido estimadas y cada una de ellas está en fase de instrucción. Otros dirigentes socialistas sostienen que la suspensión de Garzón tiene que ver con el caso Gürtel.
El PP no oculta su satisfacción por la salida del juez de la Audiencia Nacional.
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 09/04/2010
La asociación judicial progresista Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han difundido un manifiesto entre sus asociados en el que señalan a la Sala Penal del Tribunal Supremo como responsable del "resurgir de los (des)valores" del franquismo al seguir adelante con el procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que califican de "hecho doloroso e injustificable". El comunicado, firmado hasta el momento por una cincuentena de jueces, magistrados y fiscales, sostiene, en contra de lo defendido por el instructor del caso en el alto tribunal, Luciano Varela, que "cuestionar la ley de amnistía con base al derecho internacional no puede ser un hecho delictivo".
"Hoy se ha abierto el camino para que los herederos del franquismo y los defensores de su memoria sienten en el banquillo de los acusados a un juez que se había comprometido en la lucha por los derechos humanos" sostiene el comunicado, que recuerda la trayectoria de Garzón en el campo de la jurisdicción universal y su "lucha contra la impunidad de los más graves crímenes contra la comunidad internacional" que "permitió sentar en el banquillo a dictadores y torturadores, genocidas, criminales de guerra y de lesa humanidad, iniciando una nueva etapa en la historia de los derechos humanos y su afianzamiento universal".
Los firmantes aseguran que la democracia "no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas de la represión de la dictadura" y señalan que los españoles "convivimos con la vergüenza de miles de personas cuyos restos permanecen indignamente enterrados en fosas comunes o cuya suerte y su paradero es desconocido por sus familiares". El hecho de que esos crímenes no hayan tenido ninguna respuesta judicial, según la nota, "resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas o apropiación de niños cometidos en otros países mientras miraba hacia otro lado respecto de los crímenes cometidos en España".
Respecto de la ley de memoria histórica -de la que el Supremo afirma que Garzón la trató de orillar en su causa contra los crímenes de Franco- Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales subrayan que "no ofrece una solución satisfactoria para las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo, como así fue denunciado por aquellos a los quienes se dirigía", es decir, las asociaciones de damnificados por estos delitos.
Entre los que lo suscriben se encuentra el magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín y el ex presidente de su Sala Segunda José Jiménez Villarejo; los magistrados de la Audiencia Nacional Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez, José Ricardo de Prada y Fernando Andreu; y los fiscales Carlos Jiménez Villarejo, José María Mena o Carlos Castresana, entre otros.
"Los crímenes reales son las desapariciones, no la investigación de Garzón"
El diario 'The New York Times' defiende al juez de la Audiencia Nacional en un duro editorial
EL PAÍS - Madrid - 09/04/2010
Una injusticia en España. Así titula The New York Times el alegato en defensa de Baltasar Garzón que publica hoy. En un duro editorial contra la causa abierta contra el magistrado, que califica de "políticamente motivada", el prestigioso diario afirma: "Los crímenes reales en este caso son las desapariciones [durante la guerra civil y la dictadura franquista], no la investigación de Garzón".
"España necesita una explicación honesta de su turbulento pasado, no perseguir a aquellos que tienen el valor de exigirla", afirma el periódico neoyorquino.
Según el NYT, la querella contra el juez de la Audiencia Nacional debería haber sido rechazada por los tribunales. La posible suspensión en sus funciones por 20 años a la que se enfrenta "complacería a sus enemigos políticos, pero sería una parodia de la justicia".
El diario argumenta que si, como parece probable, las desapariciones de más de 100.000 personas durante la represión franquista son crímenes contra la humanidad de acuerdo con el Derecho Internacional, la ley de amnistía de 1977, que Garzón ignoró deliberadamente según el juez Luciano Varela, "no puede absolverlos legalmente".
Una condena a Garzón, a quien el NYT califica de juez "arriesgado y controvertido que se ha granjeado muchos enemigos", "acabaría de hecho con una carrera dedicada a hacer que terroristas y dictadores paguen por sus crímenes".
Aunque al juez "le atraen los casos notorios y algunas veces se extralimita", "su objetivo constante ha sido negar la impunidad a los poderosos y extender el ámbito de las leyes internacionales sobre derechos humanos", afirma el diario. Por eso, "se debería permitir a Garzón volver a ese trabajo lo antes posible".
The Economist
El resto de la prensa internacional también se hace eco del proceso contra el juez español. "El Generalísimo Francisco Franco, dictador de España durante 36 años, seguramente se estará riendo en su tumba", empieza un artículo del semanario económico británico The Economist titulado 'Judge not': no Juzgues.
"El caso es otra prueba de la tendencia de Garzón a actuar como pararrayos de los temas que más inquietan al país", dice el artículo. "La corrupción, el terrorismo, el delito organizado y, ahora, el fantasma del violento pasado español han pasado bajo el escrutinio del magistrado, de 54 años. Su decisión de probar las atrocidades franquistas se tomó varios años después de que las familias de las víctimas comenzasen sus propias investigaciones, desenterrando las fosas comunes dejadas por los escuadrones de muerte y exponiendo las injusticias de un doloroso periodo que el resto del país había envuelto en silencio. Los detractores de Garzón sostienen que está más interesado en promoverse a sí mismo que en la causa de la justicia".
Le Monde
El diario francés, en un artículo firmado por el periodista Jean Jacques Bozonnet, resume las actuaciones contra Garzón del siguiente modo: "El proceso del juez se basará en argucias de procedimiento, pero lo que atrae a la prensa es su dimensión política"
Süddeutsche Zeitung
El diario alemán publica un artículo de opinión de Javier Cáceres titulado 'Víctima de los poderosos'. "Al margen de que esta postura la defienden reconocidos juristas y, por lo tanto, la acusación de prevariación contra Garzón quedaría neutralizada, el hecho de que Garzón vaya a sentarse en un banquillo debido a una acusación presentada por los herederos ideológicos de Franco, entre ellos el partido fascista Falange, resulta escandaloso", dice. "El caso de Garzón es además un nuevo ejemplo de la nefasta politización de la justicia española. Así pues, lo que se está estatuyendo con Garzón debe servir como ejemplo: Nadie se enfrenta con los poderosos sin ser castigado por ello".
07/04/2010
Desde ayer quedan pocos márgenes para la duda: el mismo Partido Popular que se declaraba incompatible con la corrupción , y que se autoproclamó abanderado de un proyecto de regeneración democrática con el propósito de alcanzar el poder a cualquier precio, deberá responder por uno de los más graves escándalos de corrupción conocidos en España.
De nada ha servido que sus más destacados dirigentes, comenzando por Mariano Rajoy, hayan intentado desacreditar a los jueces, fiscales y policías encargados de la investigación durante los largos meses en los que el sumario del caso Gürtel ha permanecido bajo secreto. Al final, los hechos son los hechos , y los que han comenzado a conocerse a través de la publicación del sumario apuntalan sólidamente la hipótesis de que el PP se ha financiado irregularmente mientras se permitía dar lecciones de honradez a las restantes fuerzas políticas. Con el agravante de que muchos de los portavoces que exhibían una cínica moralina en público eran los mismos que, en privado, aprovechaban la opacidad de las cuentas del partido para, además, engrosar su propio patrimonio.
El PP ha reaccionado al levantamiento del secreto del sumario con la misma estrategia seguida durante estos meses, fingiendo ponerse a la cabeza de quienes exigen que se conozca toda la verdad y comprometiéndose a actuar con contundencia ante cualquier escándalo futuro. Pero es que no es de un incierto futuro de lo que trata el sumario, como tampoco de un pasado remoto, sino de dirigentes populares, algunos con relevantes cargos electos, que todavía hoy siguen en sus puestos o, peor aún, colocados a resguardo y protegidos por la dirección del partido. Cuando, ante hechos como éste, y como los descritos en el sumario, el PP proclama que quiere conocer toda la verdad, lo que está buscando, en realidad, es eludir su responsabilidad más inmediata y más ineludible, que consiste en dar explicaciones políticas sobre cuanto había venido negando y, a continuación, depurar responsabilidades.
Hasta ahora no eran fáciles de entender, aunque podían intuirse, las razones últimas por las que el PP corre con los gastos de la defensa del senador y ex tesorero nacional Luis Bárcenas , que además mantiene un despacho en la sede de la calle Génova. Con los datos conocidos a través del sumario, prolongar esta situación equivale simple y llanamente a una confesión, bien de impotencia, bien de encubrimiento, por parte de Mariano Rajoy y la dirección popular. Y lo mismo que de Bárcenas cabe decir del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps , que no sólo recibió trajes y regalos de los jefes de la trama, sino también financiación para los actos del partido. Y también de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre , que tendrá que dar cuenta de las irregularidades cometidas desde su propio Gobierno, por consejeros que ella nombró y para financiar actos en apoyo de su única y obsesiva ambición, a pesar de su insolidario amago de transferir la responsabilidad a otros sectores de su partido.
El Partido Popular puede acariciar la tentación de limitarse a esperar que amaine la tormenta, apoyándose en el hecho de que las encuestas han sugerido que la corrupción no le pasa factura. Aunque se tratase de una actitud acertada para sus expectativas electorales, sería inaceptable desde el punto de vista democrático. Un partido que llegase al Gobierno con unos problemas de corrupción tan graves como los que ha revelado el sumario del caso Gürtel, vería automáticamente hipotecada su acción a los intereses de quienes le han hecho el trabajo sucio. La voluntad general quedaría bajo la amenaza de una red de delincuentes y de los dirigentes políticos que, estando en la oposición, se avinieron a tratar con ellos.
La jurista de AI Julia Tamayo ha asegurado que, con el auto en el que ayer el Supremo confirmó la resolución en la que el instructor de la querella contra Garzón rechazaba el archivo de ésta, "la Justicia del país con mayor número de desapariciones forzadas del siglo XX se acerca más a castigar al único juez que ha intentado investigarlas".
Tamayo ha destacado que el Supremo ha hecho suya la apreciación del instructor, Luciano Varela, de que no es absurdo calificar de prevaricadora la actuación de Garzón al considerar "como hecho probable" que éste ignoró conscientemente lo dispuesto en la Ley de Amnistía al abrir una causa para investigar las desapariciones durante el franquismo y la Guerra Civil.
"Considerar que la impunidad puede ser convalidada por una Ley de Amnistía se aparta de la doctrina de los tribunales internacionales y de tratados que vinculan a España", ha dicho la representante de AI, que ha añadido que el Supremo debería tenerlo en cuenta ante el riesgo de "comprometer la responsabilidad internacional del Estado español".
Tamayo ha recordado que los países que se han negado a juzgar este tipo de crímenes han acabado anulando las leyes de Amnistía o siendo considerados por los tribunales internacionales "responsables de haber contravenido la legislación internacional".
"Más temprano que tarde van a tener que aceptar que era un deber investigar, porque España no es una excepción", ha dicho Tamayo, que ha agregado que la causa abierta a Garzón "sólo causa daño a las víctimas" y al juez y es "un aviso a navegantes" a cualquier otro que quisiera investigar los crímenes del franquismo.
Se multiplican cada día las sospechas de que el papa Benedicto XVI, ya desde años lejanos, hubiese podido participar en la penosa operación de ocultar a los sacerdotes que se habían manchado con el crimen de violación de menores, incluso de sordomudos. Si se llegara a probar dicha complicidad de quien hoy rige los destinos de la Iglesia, ello podría constituir una grave responsabilidad de la comunidad cristiana mundial con el mismo Papa.
La protección por parte de la Iglesia de curas violadores de menores es contraria al Evangelio de Jesús
Viví muchos años de cerca, por mi profesión de informador, los misterios del Vaticano. Allí conocí a eclesiásticos íntegros que creían en la Iglesia como elemento de paz y unión entre los pueblos y que llevaban una vida austera y digna. Conocí también a altos prelados más preocupados por su carrera y por tener una buena cocinera, que por su alma. Nunca informé sobre ello porque siempre creí que la vida personal, hasta de los personajes públicos, merece respeto.
¿Pero qué decir y qué hacer cuando personajes de la Iglesia, teóricamente consagrados a hacer el bien y a dirigir las conciencias, mancillan no sólo el alma sino también el cuerpo de inocentes? El Vaticano siempre pensó que lo mejor para la Iglesia era el silencio, el ocultamiento de los hechos, con la argumentación de que los errores y pecados de un cura o un obispo o cardenal podrían terminar ensuciando a la misma institución. Y de esa actitud de ocultamiento fui muchas veces testigo personal. Hasta me pedían -evocando mi amor a dicha institución- que ocultara algunos hechos por mí conocidos y que podrían escandalizar, como el de aquel cardenal que tenía una cama en el trastero de una librería cercana al Vaticano para encontrarse con su amante.
El problema que la Iglesia no quiere reconocer es que esa actitud hipócrita de ocultar la evidencia, que está saliendo a la luz cada día con mayor fuerza, con tristeza y dolor de los creyentes sinceros, ya está condenada y con palabras durísimas en los Evangelios canónicos, en los que debía inspirarse más que en sus leyes del Derecho Canónico.
Bastaría abrir el Evangelio de Mateo. En el capítulo 23, Jesús de Nazareth se dirige a los fariseos y maestros de la ley, que eran los que se arrogaban el poder de decidir sobre las conciencias de los judíos -como la jerarquía de la Iglesia lo hace hoy con los católicos- y les llama "sepulcros blanqueados", que "por fuera aparecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre".
Continúa Jesús: "Por fuera parecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de crímenes" (27-28).
Luego, Jesús se pregunta: "¿Cómo escaparéis a la condenación del fuego?".
Versículos antes, en el mismo capítulo de Mateo, Jesús critica a los maestros de la ley porque, les dice: "Limpiáis por fuera el vaso y el plato, y por dentro estáis llenos de codicia y rapiña. Maestros ciegos, limpiad primero el vaso y el plato por dentro para que también por fuera queden limpios" (24-26).
No hace falta ser teólogo ni biblista para entender que la actual actitud de la Iglesia con los sacerdotes y obispos violadores de menores está en total contradicción con la doctrina del que considera su fundador, el profeta Jesús. La preocupación de la Iglesia de hoy, como la de los fariseos del tiempo de Jesús, es, lo ha sido siempre, la de aparecer limpia por fuera aunque esté podrida por dentro. No quieren limpiar el plato por dentro por miedo a que pueda aparecer manchada su cara por fuera.
La Iglesia tiene una especie de pánico a que se conozcan las debilidades o pecados de sus representantes. Por eso prefiere si no perdonarles, por lo menos ocultarlos, sobre todo cuando se trata de sexualidad, ya que en cada escándalo en este campo se le planta delante el fantasma del celibato obligatorio de los sacerdotes, considerado por no pocos como un elemento multiplicador de los crímenes sexuales contra menores.
Es curioso que un tema como el del celibato, que no tiene ningún fundamento bíblico -ya que todos los apóstoles, todos los primeros obispos y los primeros papas de la Iglesia, y con toda probabilidad el mismo Jesús, estaban casados y tenían familia- continúe siendo tan importante cuando un Papa podría acabar con esa ley canónica de un plumazo. Entretanto, la Iglesia no se preocupa lo más mínimo por los sacerdotes que se saltan a la torera su compromiso evangélico con la pobreza mientras aplauden y se contaminan y hasta dan la comunión a dictadores y asesinos públicos.
Vivimos, sin embargo, en la civilización de la información. Si ya Jesús decía hace más de 2.000 años que nada de lo que está oculto lo permanecerá para siempre, también hoy le va a ser cada día más difícil a la Iglesia, por más malabarismos que intente hacer, que los vasos y platos sucios de su perversa actitud contra inocentes queden en el silencio o en el olvido.
De los sepulcros blanqueados de su fingida inocencia, saldrá a flote la podredumbre que en vano intenta ocultar.
La terrible pregunta de Jesús, está ahí, en pie, amenazadora, actual: "¿Cómo escaparéis al castigo del fuego?". Ese castigo es, entre otros, el abandono cada vez mayor de la Iglesia por parte de los que cada vez confían menos en su inocencia.
Editorial de "EL PAIS" 26-03-2010
El rechazo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo del último intento de Garzón de desactivar las querellas del sindicato ultraderechista Manos Limpias y de Falange Española sitúa al juez a un paso del banquillo de los acusados. A la aberración histórica de que los crímenes del franquismo se vuelvan desde el ominoso pasado contra el juez que intentó abrir una causa penal sobre ellos se añade la jurídica de considerar ese intento como un acto prevaricador. La previsible apertura del juicio oral, tras remover el Tribunal Supremo el obstáculo que lo impedía, llevará a la suspensión automática de Garzón en sus funciones y a su expulsión de la Audiencia Nacional.
Cómo puede ser prevaricadora una actuación judicial que, por más controvertida que sea, se sitúa dentro de la amplia autonomía del juez penal en la averiguación del delito, no ha sido explicada suficientemente por el instructor Varela, y no tendrán fácil argumentarla sus compañeros del Supremo por más avezados que estén en razonamientos jurisprudenciales. Insisten de nuevo en que no es "arbitraria, ilógica o absurda" la hipótesis prevaricadora. Pero, ¿no cabría decir lo mismo de la hipótesis contraria: la no prevaricadora? No es arbitrario, ilógico o absurdo mantener que Garzón actuó dentro de unos márgenes jurisdiccionales que hacen creíble y razonable esa hipótesis y que, por ello, debieron ser rechazadas unas querellas que interfieren dolosamente en la actividad jurisdiccional.
¿Debería Garzón haber rechazado de plano las denuncias de familiares de víctimas del franquismo que yacen todavía en fosas comunes presumiblemente por causa de actos delictivos? Presumiblemente, porque nunca hubo averiguación de los hechos, ni tampoco consta en los registros oficiales certificación alguna sobre el fallecimiento y sus causas. No habría sido el proceder correcto de un juez penal. Si las denuncias son o no infundadas; si los hechos son o no delictivos, han prescrito o están amnistiados, son cuestiones a dilucidar en el procedimiento. Igual sucede con la competencia. Todavía está pendiente de dilucidar si las diligencias sobre apertura de fosas corresponden a juzgados del lugar o a la Audiencia Nacional. Y quien tiene que hacerlo es el Tribunal Supremo: el mismo que parece haber prejuzgado el asunto actuando contra una de las partes. ¿Cómo habría que tipificar esta actuación?
Por si fuera poco, la causa contra Garzón ha permitido a un partido de corte fascista como Falange Española y de las JONS -¿o hay constancia de que se haya desligado de su doctrina fundacional sobre la "dialéctica de los puños y las pistolas" como instrumento de acción política?- se declare "ofendido" por un simple amago de investigación de crímenes que el propio Varela denomina "horrendos". ¿Puede el máximo tribunal de un Estado democrático dar amparo a una pretensión que muchos españoles de hoy consideran ultrajante y difícilmente compatible con los valores democráticos?
Correspondencia interna obtenida por 'The New York Times' revela que Ratzinger desoyó en 1996 los avisos del arzobispo de Milwaukee
EL PAÍS - Madrid - 25/03/2010
Destacadas autoridades del Vaticano, incluido el actual Papa Benedicto XVI -por entonces el cardenal Joseph Ratzinger- no tomaron medidas contra un religioso de Wisconsin que abusó sexualmente de al menos 200 niños sordos en EE UU, según varios documentos eclesiásticos que revela hoy el diario The New York Times.
En 1996, Ratzinger no respondió a dos cartas sobre el caso enviadas por el arzobispo de Milwaukee. En ellas se señala como autor de los abusos al cura estadounidense Lawrence C. Murphy, que trabajó en una prestigiosa escuela para niños sordos entre 1950 y 1974. Pese a las repetidas advertencias, se opto por intentar acallar el asunto en vez de expulsar del sacerdocio al eclesiástico. Los documentos se han hecho públicos ahora durante un juicio contra la Archidiócesis de Milwaukee.
El caso de Milwaukee es uno de los miles que durante décadas los obispos han dirigido a la oficina vaticana Congregación de la Doctrina de la Fe, dirigida por Ratzinger entre 1981 y 2005 y encargada de decidir las expulsiones y las canonizaciones.
Ocho meses después de que Ratzinger recibiese las cartas, el segundo de la oficina, el cardenal Tarcisio Bertone, actual secretario del Estado vaticano, ordenó a los obispos de Wisconsin comenzar un juicio canónico secreto que podía haber llevado a la expulsión de Murphy. Bertone paró el proceso después de que el cura acusado escribiera a Ratzinger explicando que no debería ser enjuiciado pues estaba enfermo y arrepentido, cuenta el diario estadounidense.
"Solamente quiero vivir el tiempo que me queda en la dignidad del sacerdocio", suplicaba Murphy en la misiva, "solicito su bondad en este asunto". Los archivos no contienen respuesta de Ratzinger. En lugar de ser castigado, el padre Murphy fue trasladado del Arzobispado William E. Cousins de Milwaukee a la Diócesis Superior en el norte de este Estado en 1974, donde pasó los últimos 24 años trabajando con niños en colegios e iglesias parroquiales, y hasta en un centro de detención juvenil, detalla el diario estadounidense. Murió en 1998.
En este rosario de escándalos y revelaciones sobre abusos que salpican a la jerarquía de la Iglesia, ayer Benedicto XVI aceptó la dimisión de John Magee, obispo irlandés de 74 años, secretario de tres papas y acusado de encubrir casos de pederastia en la diócesis de Cloyne. El pasado fin de semana, una carta pastoral del Papa pedía perdón por estos hechos, aunque su contenido estuvo lejos de contentar a las víctimas de los abusos.
Además, varios obispos alemanes también reconocieron a mediados de este mismo mes que habían ocultado casos de abusos.
C.G. “EL PLURAL.COM” 23-03-2010
Benedicto XVI está dando muestras de una hipocresía escandalosa ante los múltiples casos de pederastia protagonizados por sacerdotes católicos, y sacados a la luz pública en los últimos tiempos. Ayer, el Papa anunciaba en el Vaticano que hará una inspección a algunas diócesis y seminarios de Irlanda y reprochaba a los obispos la "inadecuada respuesta" ofrecida a las víctimas, motivada, decía, por la preocupación por evitar el escándalo. Sin embargo, en su país natal están siendo un escándalo las noticias aparecidas en los medios de comunicación de ese país sobre el ocultamiento de actos de pederastia cometidos por el sacerdote Peter Hullermann, silenciados por el propio Joseph Ratzinger, cuando era obispo en Múnich, en 1980.
El semanario Der Spiegel publicó ayer nuevos datos sobre el sacerdote pedófilo Peter Hullermann, que fue ocultado en Baviera, cuando el ahora Papa Benedicto XVI era obispo en Múnich. Según esa publicación, Ratzinger era "más consciente de lo que se ha contado hasta ahora" de los abusos cometidos por el pederasta.
La carta
En una carta enviada entonces desde Essen se informaba a la diócesis de Múnich, al frente de la cual estaba Ratzinger, de los abusos que Hullermann había cometido.
La alerta de un psiquiatra
Por otra parte, en la publicación Tagesspiegel, el psiquiatra Werner Huth, quien asistió al pederasta Hullermann entre 1980 y 1992, confirma que alertó de que este hombre "no debía volver a trabajar con niños". Según su descripción, el sacerdote era un pedófilo y además "no manifestaba intención de cambiar". La Iglesia católica, sin embargo, no escuchó sus consejos.
Lo trasladó a Baviera
Joseph Ratzinger, durante su etapa como obispo en Múnich era también responsable de asignar las misiones y ordenar los traslados de los curas. No sólo ocultó "conscientemente" al pederasta, sino que aprobó el traslado de Hullermann a Baviera.
"Verguenza" por la "inadecuada respuesta"
El Papa censuró duramente, ayer, desde el Vaticano la "inadecuada respuesta" ofrecida a las víctimas por parte de los obispos, motivada, según dijo, por la preocupación de evitar el escándalo. En su condena, expresaba "vergüenza y remordimiento" por lo ocurrido, se declaraba "profundamente consternado" por el sufrimiento al que se han visto sometidos "jóvenes indefensos", y criticaba con dureza a los curas y religiosos culpables de los abusos por haber "traicionado la confianza de los jóvenes y de sus familias”. ¿Hasta qué punto podemos creer en sus palabras, sabiendo lo que ahora sabemos acerca de su silencio sobre Hullermann?
Aquellos universitarios recibieron al ex presidente con gritos de “asesino”, “criminal de guerra”, “lameculos de Bush” o “terrorista”. El suceso me ha llevado a reflexionar.
De entrada, creo que roza el delirio, el surrealismo jurídico más psicodélico, que Vera y Barrionuevo acabaran pateando las baldosas de una cárcel, condenados por su implicación en los Gal, mientras este señor va sacando pecho por el mundo pese a estar implicado en un conflicto que ha matado ya a más de seiscientos mil seres humanos, la mayoría civiles.
Sin embargo, según mis particulares reflexiones, lo grave no es tanto que se reciba con gritos de “asesino” a alguien implicado en una guerra que ha provocado millones de charcos de sangre… lo aterrador es que muchos lo recibieran con aplausos. Y no menos tragicómico resulta que este sujeto tenga el cuajo de presentarse, nada menos que en una Universidad, para impartir lecciones de comportamiento.
Así, el asunto se me representa como una opereta del absurdo que no superaría ni el más inspirado Eugene Ionesco. Y mientras veo caer la nieve en el campo, me pregunto: ¿todo esto sucede realmente en mi país o alguien, a traición, me ha suministrado un hongo alucinógeno?
De cualquier modo, y dado lo frágil de la memoria histórica, convendría precisar a quién nos estamos refiriendo. Para empezar, recordemos sus coqueteos juveniles con la Falange. Sí, la Falange, el partido que propugnaba “la dialéctica de los puños y las pistolas”, el grupúsculo trasunto del fascismo que protagonizó atentados terroristas. También son tristemente conocidos algunos renglones de prensa donde hierven, vomitivos, los ataques de Aznar al consenso democrático.
Por otra parte, estremece recordar que Aznar llegó a la presidencia de Castilla León tras una ignominiosa campaña de acusaciones, golpes bajos y puñaladas traperas contra Demetrio Madrid, quien resultaría eximido de cualquier responsabilidad… cuando el mal ya estaba hecho.
Pues bien, aquel fue el trampolín de mugre, odio y mentiras que catapultaría a este señor a la Moncloa. ¿Y cuál fue el principal “logro” de ese individuo como presidente de Gobierno?...
….Su principal “logro” consistió en subirse a una ola de gigantesco crecimiento económico mundial. Desde allí vendió las empresas públicas rentables, las joyas de nuestra corona, y encendió la mecha de una especulación inmobiliaria desaforada que, a día de hoy, nos está explotando en forma de paro, legiones de jóvenes sin formación, crisis…
Si me permiten un símil deportivo, la época de Aznar siempre me ha recordado a aquellos culturistas que hinchan sus músculos con anabolizantes. Tras un tiempo de apariencia robusta comienzan a padecerse los devastadores efectos secundarios en forma de hepatitis, insuficiencias renales o cáncer. Ahora, lamentablemente, comenzamos a sufrir la hepatitis y el cáncer económico, efectos secundarios de aquella presidencia.
Y, volviendo a los sucesos en la Universidad ovetense, hay un hecho, muy alarmante, que apenas han reflejado los medios. El día después, un estudiante refirió las amenazas proferidas por miembros de Nuevas Generaciones. Con el brazo en alto, al estilo nazi-fascista, algunos cachorros del PP gritaban “rojos fuera”, “arriba España” y otras expresiones guerracivilistas mientras amenazaban a los participes en los reproches a Aznar.
Convendría investigar estos presuntos hechos. Mucho más graves que los insultos a Aznar por su implicación en un conflicto que arroja ya cientos de miles de muertos civiles.
Obviamente, cualquier persona implicada en tamaña monstruosidad debería, como mínimo, desaparecer de la vida pública y buscarse una lejana abadía cisterciense donde esperar la citación para comparecer ante un Tribunal Penal Internacional. Sí, ahí debería largarse el ex presidente… ¡váyase, señor Aznar, váyase!
Gustavo Vidal Manzanares es jurista y escritor
JOSÉ SARAMAGO 13/02/2010
En Portugal, en la aldea medieval de Monsaraz, hay un fresco alegórico de finales del siglo XV que representa al Buen Juez y al Mal Juez, el primero con una expresión grave y digna en el rostro y sosteniendo en la mano la recta vara de la justicia, el segundo con dos caras y la vara de la justicia quebrada. Por no se sabe qué razones, estas pinturas estuvieron escondidas tras un tabique de ladrillos durante siglos y sólo en 1958 pudieron ver la luz del día y ser apreciadas por los amantes del arte y de la justicia. De la justicia, digo bien, porque la lección cívica que esas antiguas figuras nos transmiten es clara e ilustrativa. Hay jueces buenos y justos a quienes se agradece que existan; hay otros que, proclamándose a sí mismos justos, de buenos tienen poco, y, finalmente, además de injustos, no son, dicho con otras palabras, a la luz de los más simples criterios éticos, buena gente. Nunca hubo una edad de oro para la justicia.
Hoy, ni oro, ni plata, vivimos en tiempos de plomo. Que lo diga el juez Baltasar Garzón que, víctima del despecho de algunos de sus pares demasiado complacientes con el fascismo que perdura tras el nombre de la Falange Española y de sus acólitos, vive bajo la amenaza de una inhabilitación de entre doce y dieciséis años que liquidaría definitivamente su carrera de magistrado. El mismo Garzón que, no siendo deportista de élite, no siendo ciclista ni futbolista o tenista, hizo universalmente conocido y respetado el nombre de España. El mismo Garzón que hizo nacer en la conciencia de los españoles la necesidad de una Ley de la Memoria Histórica y que, a su abrigo, pretendió investigar no sólo los crímenes del franquismo sino los de las otras partes del conflicto. El mismo corajoso y honesto Baltasar Garzón que se atrevió a procesar a Pinochet, dándole a la justicia de países como Argentina y Chile un ejemplo de dignidad que luego sería continuado. Se invoca en España la Ley de Amnistía para justificar la persecución a Garzón pero, según mi opinión de ciudadano común, la Ley de Amnistía fue una manera hipócrita de intentar pasar página, equiparando a las víctimas con sus verdugos, en nombre de un igualmente hipócrita perdón general. Pero la página, al contrario de lo que piensan los enemigos de Baltasar Garzón, no se dejará pasar. Faltando Baltasar Garzón, suponiendo que se llegue a ese punto, será la conciencia de la parte más sana de la sociedad española la que exigirá la revocación de la Ley de Amnistía y que prosigan las investigaciones que permitirán poner la verdad en el lugar donde estaba faltando. No con leyes que son viciosamente despreciadas y mal interpretadas, no con una justicia que es ofendida todos los días. El destino del juez Baltasar Garzón está en las manos del pueblo español, no de los malos jueces que un anónimo pintor portugués retrató en el siglo XV.
José Saramago es premio Nobel de Literatura.
La nieta de Negrín dice que los jueces del caso juraron fidelidad a Franco
NATALIA JUNQUERA / AGENCIAS - Madrid - 13/02/2010
Amnistía Internacional (AI) no da crédito a lo que está ocurriendo con el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por sus actuaciones respecto a los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Giulia Tamayo, responsable de Investigación y Políticas de la ONG, aseguró ayer a Servimedia que esta situación es "paradójica" e "inédita a nivel mundial" y que si el juez tuviera que sentarse en el banquillo y abandonar su puesto "sintetizaría el extremo desprecio a los derechos de las víctimas".
Tamayo también subrayó que Amnistía está dispuesta a declarar en defensa de la actuación del juez. AI considera "sorprendente" que "quien está a punto de ser sentado en el banquillo sea quien cumplió con su deber de investigar conforme a la legalidad internacional y que se opongan aquellos que han estado negándose a cumplir con ese deber".
Carmen Negrín, nieta del último jefe de Gobierno de la Segunda República, Juan Negrín, se sumó ayer desde la estupefacción a la repulsa por la situación del magistrado, y pidió ser escuchada por el Supremo. Ese tribunal rechazó estudiar las pruebas que ella presentó para pedir la recusación de los magistrados del alto tribunal.
En su opinión, los jueces que llevan el caso de Garzón no pueden ser imparciales, ya que "juraron fidelidad al caudillo y a los ideales del movimiento". Por eso, Negrín ha vuelto a pedir esta semana que estos jueces, incluido el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, sean apartados del proceso. "Una cosa así nunca hubiera pasado en Alemania, porque allí, para empezar, nadie hubiera permitido que existiera una formación como Falange Española de las JONS", declaró a EL PAÍS. "El problema de Garzón es que es demasiado eficaz y eso no ha gustado a la derecha [en referencia al caso de corrupción Gürtel]", zanjó.
10. La declaración de la Casa Blanca del día del golpe no lo condenó, simplemente llamó a “todos los actores políticos y sociales en Honduras” a respetar la democracia. Ya que funcionarios estadounidenses han reconocido que estuvieron hablando con los militares hondureños hasta el día mismo del golpe – supuestamente para tratar de impedirlo – habían tenido suficiente tiempo para pensar en su respuesta inmediata si éste tenía lugar.
9. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Asamblea General de Naciones Unidas y otros organismos internacionales respondieron al golpe llamando al retorno “inmediato e incondicional” del presidente Zelaya. En los cinco meses siguientes, ningún responsable estadounidense utilizó alguna de esas dos palabras.
8. En una conferencia de prensa el día después del golpe, preguntaron a la secretaria de Estado Clinton si “la restauración del orden constitucional” en Honduras significa el retorno del propio Zelaya. No dijo que sí.
7. El 24 de julio, la secretaria de Estado Hillary Clinton condenó el intento del presidente Zelaya de retornar a su propio país en esa semana como “imprudente,” y agregó que “hemos instado consistentemente a todas las partes a evitar toda acción provocativa que pueda llevar a la violencia.”
6. La mayor parte de la ayuda de EE.UU. a Honduras proviene de Millennium Challenge Corporation (MCC), una agencia del gobierno de EE.UU. La mayor parte de esa ayuda nunca fue suspendida. Al contrario, el 6 de agosto de 2008, hubo un golpe militar en Mauritania; la ayuda de MCC fue suspendida el día siguiente. En Madagascar, MCC anunció la suspensión de la ayuda sólo tres días después del golpe militar del 17 de marzo de 2009.
5. El 28 de septiembre, funcionarios del Departamento de Estado en representación de EE.UU. bloquearon la adopción por la OEA de una resolución sobre Honduras que hubiera rehusado el reconocimiento de elecciones hondureñas realizadas bajo la dictadura.
4. El gobierno de EE.UU. se negó a determinar oficialmente que hubo un “golpe militar” en Honduras – en contraste con el punto de vista del resto del hemisferio y del mundo.
3. El gobierno de Obama desafió al resto del hemisferio y al mundo con su apoyo a elecciones antidemocráticas en Honduras.
El 30 de octubre, representantes del gobierno de EE.UU., incluyendo a Thomas Shannon, el máximo responsable del Departamento de Estado para Latinoamérica, negociaron un acuerdo entre el presidente Zelaya y el régimen golpista. En toda la región se consideró que el acuerdo preveía la restitución de Zelaya y – según diplomáticos cercanos a las negociaciones – tanto Shannon como la secretaria de Estado Clinton aseguraron que así era.
Sin embargo, sólo cuatro días después, el señor Shannon declaró en una entrevista en la televisión que EE.UU. reconocería las elecciones del 29 de noviembre, independientemente de si Zelaya era restaurado a la presidencia. Esto posicionó a EE.UU. contra toda Latinoamérica, que publicó una declaración de 23 naciones dos días después que dice que la restitución de Zelaya era un “prerrequisito indispensable” para reconocer las elecciones. El gobierno de Obama ha podido reclutar desde entonces a los gobiernos derechistas de Canadá, Panamá y Colombia, y también Perú, para que reconozcan las elecciones. Pero su apoyo para esas elecciones antidemocráticas – a las cuales la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter se negaron a enviar observadores – ha dejado al gobierno de Obama tan aislado como el de su predecesor en el hemisferio.
2. El presidente Zelaya visitó Washington seis veces después de ser derrocado. Sin embargo, el presidente Obama no se reunió con él ni una sola vez. ¿Es posible que el presidente Obama no haya tenido cinco minutos en todos esos días para darle simplemente la mano y decir: “Estoy tratando de ayudar”?
1. El gobierno de Obama nunca ha condenado las masivas violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen golpista. Éstas han sido denunciadas y documentadas por Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR), así como organizaciones de derechos humanos hondureñas, europeas y otras. Ha habido miles de arrestos ilegales, golpizas y tortura por la policía y los militares, el cierre de estaciones independientes de radio y televisión, e incluso algunos asesinatos de manifestantes pacíficos y activistas opositores.
Esas violaciones de derechos humanos continuaron durante el día de la elección y después, según informes de Amnistía Internacional y de los medios, incluyendo los asesinatos de dos activistas opuestos al golpe - Walter Trochez y Santos Corrales García – en los últimos días.
El silencio del gobierno de EE.UU. durante más de cinco meses ante esos crímenes de derechos humanos ha constituido la evidencia más condenadora y persistente de que siempre ha estado más preocupado de proteger a la dictadura, que de restaurar la democracia en Honduras.
La mayoría de los votantes estadounidenses eligieron al presidente Obama por la promesa de que cambiaría la política exterior de EE.UU. Para este hemisferio, por lo menos, esa promesa ha sido rota.
El titular del último informe de la revista Time sobre Honduras lo dice todo: “La política de Obama hacia Latinoamérica se parece a la de Bush.”
…Mark Weisbrot es codirector del Centro para la Investigación Económica y Política en Washington, DC. Obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de Michigan. Es coautor, con Dean Baker, de: Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos trabajos de investigación sobre política económica. También es presidente de Just Foreign Policy.
"El PP va bien", dijo ayer Mariano Rajoy, en referencia a las encuestas, al mismo tiempo que el levantamiento parcial del sumario -17.000 de sus 40.000 folios- desvelaba las ramificaciones de uno de los mayores escándalos políticos de la historia de España. A la revelación, hace dos días, de datos que apuntan a la implicación de un antiguo consejero del Gobierno de Castilla y León y hoy presidente del Parlamento de esa comunidad se unieron ayer indicios comprometedores para el PP de Galicia, cuyo ex secretario de organización, Pablo Crespo, imputado en el caso, alude en una de las grabaciones incluidas en el sumario al delito de financiación ilegal, por cuyos plazos de prescripción se interesa.
El caso no es ya el de los trajes de Valencia, sino el de una red que trabaja en exclusiva para el PP en varias comunidades. Los indicios de implicación de cargos del partido e institucionales hacen insostenible la estrategia del avestruz: no querer mirar para no ver lo que parece cada vez más evidente, que el partido de Rajoy está implicado a fondo en un caso de corrupción mayúsculo a escala nacional.
Desviar la atención hacia jueces, fiscales y policías es la consigna. González Pons lamentó ayer que dos tercios del sumario sigan sometidos a secreto para las partes, porque de esa manera "el Gobierno va a seguir teniendo en su mano la posibilidad de filtrarlo por fascículos cuando crea conveniente". Pero se trata de una decisión del instructor debida a la existencia de diligencias judiciales todavía en marcha y al deber de preservar la intimidad y otros derechos de personas físicas y jurídicas que aparecen en las investigaciones pero que no están involucradas.
Es perversa la idea de que las encuestas, como en su momento las urnas, dispensan de dar explicaciones o tomar medidas respecto a los que han tejido y se han beneficiado de la trama de Correa. De lo conocido hasta el momento se deducen indicios de manipulaciones destinadas a financiar ilegalmente actividades del PP, pero también de tratos en beneficio de los bolsillos particulares de miembros de dicho partido que, por ejemplo, reciben un reloj valorado en 20.000 euros. Y se desprende también un estilo de actuación que parece confirmar el principio de aquel ex dirigente que dijo estar en política para forrarse.
La posible implicación de nuevos aforados autonómicos amenaza ahora con despiezar todavía más el caso, ya dividido entre tres tribunales. Puesto que el núcleo delictivo del caso está localizado en el conglomerado empresarial de Francisco Correa, no está justificado que se investigue y juzgue en diversos tribunales, simplemente por la condición de aforados de algunos implicados. Si el juego del aforamiento se impone a la unidad de la causa y a las exigencias de la investigación, que sea con lógica procesal. Tendría que ser la Sala Segunda del Supremo, que instruye la parte del caso Gürtel en lo que afecta a dos aforados nacionales, uno de ellos el senador y tesorero del PP Bárcenas, la que en virtud de esa lógica atrajera todo el caso para sí.
La gravedad y la amplitud que está adquiriendo el caso Gürtel y las trabas encontradas o que puedan encontrarse a su investigación en algunos tribunales territoriales son otras razones, además de las procesales, para que el Tribunal Supremo se haga cargo del caso entero.
Carta abierta a Baltasar GarzónAntes, alguna vez, semejante estulticia la había manejado en público Manuel Fraga Iribarne respecto a Euskadi. Pero si alguien piensa que contenciosos históricos como el vasco o, más aún, el catalán podrían encauzarse razonablemente a través de una intervención militar o es un demente o un peligroso irresponsable.
Cerrilismo todo vale
Lo que está ocurriendo con el nuevo Estatut es una demostración de que el cerrilismo, o mejor dicho la estrategia del todo vale, sólo genera confusión, tensiones y riesgos innecesarios. El Estatut catalán ha sido casi copiado íntegramente por el de la Generalitat valenciana y por otras comunidades como Andalucía. Pero la derecha que controla el nacionalismo español absuelve a los demás, mientras castiga con insólita severidad a Cataluña.
Expertos en infamias
Claro que los cerebros ideológicos de Aznar exhiben con bochornosa rotundidad su desprecio hacia las actuales Fuerzas Armadas. Argumentado de otra manera: no tragan que el Ministerio de Defensa esté dirigido por Carme Chacón, una mujer de izquierdas y, además, catalana. Lanzan la insidia –por algo son expertos en infamias- sin tapujos ni escrúpulos. Sostienen que las Fuerzas Armadas se han convertido en un “laboratorio progresista” para el “feminismo”, el “homosexualismo” y el “transexualismo”.
Una y no cincuenta y una
Pero, naturalmente, los neocon de GEES, emparentados también con FAES, se plantean que el Ejército actúe en un contexto gubernamental bien distinto al de ahora. Con Aznar de presidente –o también con Mariano Rajoy y no digamos con Esperanza Aguirre-, la situación sería distinta, la virilidad sin tacha regresaría a las tropas y, en efecto, las Fuerzas Armadas garantizarían con las botas y no con los votos la “España una y no cincuenta y una” made in Blas Piñar.
Acrisolada tradición
Que los votos sean substituidos por las botas castrenses engarza con la más acrisolada tradición del españolismo conservador. En la Restauración canovista, los militares hacían y deshacían a su gusto. El Rey, mientras tanto, se dedicaba a borbonear a los políticos, a los gobiernos sucesivos y a jugar por lo demás a soldaditos. La Restauración la impuso, por cierto, el general Martínez Campos. En 1923 el golpe de Estado palaciego, impulsado por Alfonso XIII, terminó con el régimen de los partidos y condujo al general Primo de Rivera a la jefatura del Gobierno. Más tarde, en 1936, principalmente fueron los militares quienes organizaron –con respaldos de los poderes fácticos de siempre- la sublevación contra la II República, a la que fusilaron. Durante 40 años el general Franco Bahamonde ejerció de tirano.
Habla en cristiano
La lengua catalana fue singularmente mal tratada por el dictador Primo de Rivera. En los años del franquismo la persecución al catalán fue mucho más intensa todavía. “Habla en cristiano”, decían policías y falangistas a todos aquellos que osaban hablar en catalán, un idioma confinado a la intimidad personal o familiar. Es decir, que cuando Aznar declaró que él respetaba el catalán y lo elogiaba, pero que lo practicaba en la intimidad, no mentía. Sólo seguía una costumbre impuesta a palos.
El oro y el moro
Significativamente, este mismo Aznar -cuyos voceros sueñan con que el Ejército ponga a raya a vascos y catalanes- es el que dijo todo lo anterior en TV3, en un gesto que buscaba el voto de CiU. Como lo buscaba cuando les ofrecía el oro y el moro en financiación a cambio de que apoyaran su presidencia. En cuanto al Ejército, Aznar aceptó una medida diseñada por CiU y que consistía -como así fue- en acabar con la mili obligatoria. ¿Irá de nuevo Artur Mas al notario como respuesta a la fórmula castrense de poner firmes a los catalanes? No olvidemos el recurso presentado por los genoveses ante el Tribunal Constitucional contra el Estatut. Ni tampoco olvidemos las campañas mediáticas de los medios afines al PP contra Cataluña.
Enric Sopena es director de El Plural
En la tradición parlamentaria británica tiene mucho peso el concepto de la “leal oposición”. Se trata de un profundo respeto hacia las reglas fundamentales del juego democrático, respeto sin el cual el sistema, al fin y al cabo mecanismo de pesos y contrapesos, no puede funcionar.
Cuando se permitió por fin la presencia de cámaras de televisión en los Comunes –hubo fuertes resistencias– el mundo pudo comprobar hasta qué punto se pone en práctica allí tal concepto (y hasta qué punto no es ningún mito el famoso sentido de humor de aquellas gentes). Oposición sí hay al lado del Támesis, y dura cuando hace falta. Pero consenso y apoyo en los temas de Estado, como el terrorismo, y jamás el descenso al insulto, al ataque rastrero, a la acusación sin pruebas. Y otra virtud: la dimisión cuando se demuestra que alguien ha faltado a su deber.
Es evidente que los del PP no han aprendido nada de los conservadores británicos, a quienes dicen admirar. Las brutales descalificaciones personales que últimamente están practicando demuestran que ni conocen las reglas susodichas ni les interesan. Y lo grave es que con ello están dañando no sólo a sí mismos, sino a todo el país, sembrando cizaña, encrespando los ánimos, turbando la convivencia. Metidos hasta el cuello y más arriba en el lodazal de la corrupción, incapaces de limpiar su propia casa, de admitir sus errores, se nota que siguen creyéndose los propietarios de España. Lo de Cospedal ha sido la gota que colma el vaso. Dios no quiera que vuelvan hasta no aprenderse la lección.
O pruebas o dimisión09/08/2009 EDITORIAL DE "EL PAIS"
El partido Popular, principal grupo de la oposición y formación que aspira a gobernar España, volvió a sorprender ayer a la ciudadanía con el anuncio de que medita denunciar ante las instituciones europeas las presuntas escuchas ilegales a sus dirigentes. Esta vez fue Esteban González Pons, responsable de comunicación del partido de Rajoy, el autor de la ocurrencia. Cuando se cumplen varios días sin que el PP haya presentado una sola prueba de las gravísimas acusaciones lanzadas por su número dos, María Dolores de Cospedal, otro algo cargo del partido vuelve a superar las líneas rojas de la decencia democrática para ayudar a incendiar la política de este país, poner bajo sospecha las instituciones sobre las que descansa el ejercicio de nuestra democracia y atosigar a los ciudadanos con más crispación.
Basta ya. Los ciudadanos, que han asistido estupefactos esta semana a una escalada de tensión de las peores que se recuerdan, no tienen por qué soportar el cinismo de dirigentes políticos capaces de todo con el único objetivo de desviar la atención de los casos de corrupción que padecen. Si la estrategia ideada por el PP ante los gravísimos escándalos de Valencia, Madrid, y ahora Mallorca, entre otros, es derribar el edificio institucional a base de tremendas acusaciones sin pruebas, algunos de sus dirigentes deberían presentar la dimisión y aliviar a los ciudadanos de su presencia. Es inaceptable que una representante política de la categoría de María Dolores de Cospedal acuse sin pruebas al Gobierno, a la Fiscalía General del Estado, a los cuerpos de seguridad, a los servicios de inteligencia y a los jueces de cometer delitos más propios de un Estado totalitario que de una democracia europea. Si la número dos del PP no acude a los tribunales con las pruebas que sustenten sus acusaciones, debe abandonar la política. La democracia son procedimientos. Quien no los respeta no merece representar a los ciudadanos. No es la única. A su lado, otros importantes dirigentes del PP, como Cristóbal Montoro, contribuyen al desastre con la exigencia de que debe ser el Gobierno quien demuestre que las acusaciones son falsas. ¿Y Rajoy? El líder popular parece avalar, en ocasiones con su silencio, en ocasiones con sus palabras, la huida hacia adelante. ¿Es éste el estilo con el que aspira a conquistar La Moncloa?
Frente al fundado temor de que las olas de la corrupción continúen dejando indicios en la playa de Génova, y ante el temor de que el Supremo reabra el caso Camps ante la escandalosa insolvencia jurídica del auto de archivo emitido por el tribunal valenciano, el PP pretende amedrentar a jueces, fiscales, policías y periodistas, y, de paso, desmotivar a la ciudadanía, convencido de que no pagará costes electorales. Sus dirigentes deberían recordar que el Estado de derecho tiene la suficiente fortaleza, demostrada en otras ocasiones, para soportar las embestidas de políticos sin escrúpulos.
Las 13 rosas rojas, Leire Pajín y nuestra memoria de lágrimas
¿A quién molesta nuestra memoria de lágrimas? preguntó Leire Pajín durante el homenaje a las 13 rosas rojas, aquellas muchachitas asesinadas por pensar diferente. Voy a tomarme la libertad de contestar esa pregunta…
Leire, nuestra memoria de lágrimas molesta a quienes se llenan la boca de “España”, “patria”, “unidad territorial”, “legado histórico”, “raíces cristianas” y demás expresionzuelas, pero cuyas voces empapadas de hipocresía intentan disfrazar su verdadera intención: la codicia, el poder, la crispación y el fanatismo.
Por qué la izquierda es moralmente superior
George Lakoff en su excelente obra “No pienses en un elefante” nos describe el egoísmo del pensamiento de la derecha. Por ello, anualmente, los conservadores han de invertir miles de millones de dólares en “convencer” a gran parte de la población para que vote en contra de sus propios intereses.
Pero un abismo infranqueable separa los postulados de la izquierda y la derecha. Así, la izquierda ha sufrido persecución, prisiones y muerte por defender la jornada laboral de ocho horas, el salario mínimo, las vacaciones pagadas, la igualdad de sueldo para ambos sexos, la educación y sanidad públicas y universales, la ampliación de derechos a los homosexuales, el respeto al medio ambiente…
Por el contrario, los conservadores no solo se han opuesto, mientras han podido, a lo anterior, sino que sus actuales “recetas” rebosan de píldoras venenosas como la educación “a dos velocidades” (una para acomodados y otra para inmigrantes y familias modestas), la sanidad privada, el empleo precario, el “despido libre” (salvo para ejecutivos torpes que gozan de contratos blindados), el recorte en servicios públicos, la entrega a manos viscosas de servicios esenciales para los ciudadanos, la agresión al medio ambiente… ¿Cómo no proclamar que la izquierda es moralmente superior a la derecha?
Así, mientras la izquierda considera la educación como un instrumento de mejoramiento personal, progreso e igualdad, la derecha persigue convertir escuelas y universidades en fábricas de desigualdad en función de los ingresos familiares.
Además, con un cinismo de pedigrí, los neocon pretenden ahora arrogarse logros económicos forjados con el sudor, las privaciones y estrecheces de millones de trabajadores y, lo más importante, con la cualificación que esos hombres y mujeres obtuvieron en escuelas pagadas con dinero de todos.
Asimismo, los “milagros económicos” neoliberales se han deslizado sobre una red de infraestructuras (autopistas, aeropuertos, universidades, telecomunicaciones, etc.) sufragados con fondos públicos. Si hubiéramos dependido de postulados neocon aún nos comunicaríamos con señales de humo.
Vergonzosamente, el discurso de la derecha predicando las “maravillas” de la desregularización, flexibilización, privatización y búsqueda del beneficio a toda costa, nos ha abismado a una crisis mundial donde los gurús del neoliberalismo suplican ayuda al “ineficaz Estado”… ¿dónde se ha escondido la “mano invisible” del mercado que todo lo arreglaba sin la intervención pública?
Contra la entronización del privatismo egoísta que preconiza la derecha, la izquierda ha luchado por la subida de salarios, la ampliación de los modelos de familia, los seguros obreros, los derechos de las mujeres, la defensa del medio ambiente, buenas escuelas públicas, leyes de dependencia, bosques por los que podamos caminar, protección policial…
Frente a una buena educación solo para ricos, hospitales privados y presencia asfixiante de la superstición religiosa en la vida pública, nosotros, la izquierda, estamos orgullosos de la lucha histórica de los movimientos sindicales, de la emancipación de la mujer, de quienes sufrieron prisión y muerte por los derechos de los trabajadores, de los movimientos por los derechos civiles, del movimiento feminista, del movimiento ecologista y de los movimientos por los derechos de gays y lesbianas.
Y seguiremos luchando por una sociedad que forme una comunidad de ciudadanos y no la suma de intereses egoístas y desigualdades de cuna, una sociedad que se comporte como una familia generosa donde las personas se preocupen por los demás y no solo por sí mismas.
Por todo lo anterior y por otras muchas razones, la izquierda es moralmente superior a la derecha.
Gustavo Vidal Manzanares es jurista y escritor
La obligación de recordar
La controvertida actuación del juez Garzón ha devuelto a primer plano de la actualidad el debate sobre la Ley de la Memoria Histórica. Un debate que, a mi parecer, nunca debería haber existido. Reivindicar la memoria de aquellos que nos precedieron, saber de dónde venimos y reconocer los errores del pasado, es el único medio de no equivocarse de nuevo. Máxime cuando, como en este caso, se trata de reparar una trágica y terrible injusticia histórica.
Devolver a muchas familias la memoria de los suyos, saber qué fue de ellos o reintegrarles sus restos para darles el destino que cada cual crea más oportuno, ya no es cuestión de política o de ideología, es simplemente un acto de humanidad.
Hacerlo no tiene porqué reverdecer antiguos rencores ni estimular, con odios nuevos, atávicos deseos de venganza. Tampoco tiene porqué contravenir el espíritu de la Transición. Invocarlo como un pretexto que cubra con el olvido pasadas arbitrariedades, sería traicionarlo. La Transición fue, sin duda, un ejemplar ejercicio de concordia entre las dos Españas, ese término tan manido, pero siempre vigente. Pero, como bien dijo recientemente Iñaki Gabilondo, también fue “un ejercicio de generosidad asimétrica”. Un esfuerzo colectivo hecho desde la prudencia y a favor del entendimiento, pero en el que los perdedores de la guerra renunciaron generosamente a pasar factura del pasado.
La concordia no es tal sin justicia y la reivindicación de la memoria de aquellos que fueron víctimas de la intolerancia franquista antes, durante y después de la Guerra Civil, es un tema de justicia histórica. Una justicia que hay que impartir ahora, cuando todavía puede servir de consuelo a hijos, hermanos, compañeros y amigos, esas otras víctimas, aunque incruentas, de la misma represión. ¿O para pedir perdón hay que esperar 400 años, como ha hecho el Vaticano con el filósofo Giordano Bruno muerto en la hoguera en 1600 por suscribir la teoría heliocentrista?
¿Quién que se llame humano puede negar a una familia el derecho a enterrar a sus muertos o a saber qué fue de un familiar desaparecido? ¿Bajo qué espurios intereses puede nadie oponerse a que se reivindique la memoria de los represaliados republicanos cuando, a lo largo de cuarenta años, los caídos del bando victorioso eran homenajeados públicamente, mientras sus deudos recibían honores y recompensas? Posiblemente, solo aquellos que rehuyen, por temor, enfrentarse al pasado; o quienes no recuerdan su propia historia.
A estos últimos, hay que refrescarles la memoria. Recordarles que la II República, proclamada el 14 de abril de 1931, era un régimen legítimo, nacido de la voluntad popular expresada a través de las urnas en las elecciones municipales celebradas el 12 de abril. Y, contra ese régimen, legalmente establecido, se levantó una parte del ejército, secundado por la derecha política y por la mayor parte de la jerarquía de la Iglesia Católica.
Habrá quien diga que, por entonces, la España republicana estaba sumida en el caos social y político. Ciertamente, desde febrero de 1936, tras el triunfo en las urnas del Frente Popular, las posturas políticas se habían radicalizado y España no era precisamente una balsa de aceite. Pero hay muchas formas de defender unas ideas y las armas nunca son el camino adecuado. Mucho menos, cuando la II República mantenía abiertos los cauces para llevar a cabo una política de oposición parlamentaria y democrática. Porque, como ha dicho Ingrid Betancourt al recibir el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, "nadie puede sacrificar a un ser humano en el altar de su ideología, de su religión o de su cultura”.
El resultado del golpe de estado de julio de 1936 lo conocemos todos: tres años de horror y una larga, larguísima, posguerra; con ella, la pérdida de las libertades y la marginación moral, social, ideológica y económica de una gran mayoría de españoles.
Es verdad que nadie fue totalmente inocente. Cierto que se cometieron errores, trágicos errores, en ambos bandos. Porque es sabido que en una guerra todas las manos se manchan de sangre. Pero justo es que, a setenta años vista, la ley ponga las cosas en su sitio. Solo así se cerrará definitivamente uno de los más trágicos capítulos de la historia de España. Solo así, los muertos podrán descansar en paz y los vivos evocar serenamente su memoria.
María Pilar Queralt del Hierro es historiadora y escritora
Los pecados inconfesos de la Iglesia española
El desgarrador informe sobre abusos sexuales cometidos durante varias décadas por sacerdotes y religiosos de la católica Irlanda a miles de menores ha desatado una corriente de condena y una sensación de profunda frustración entre buena parte de los católicos en todo el mundo. También en España, donde estos hechos no han sido contestados aún con ninguna declaración de repulsa por parte de la jerarquía episcopal.
Inmediatamente después de conocer la magnitud de los abusos, surge una pregunta, hasta la fecha sin respuesta. Lo sucedido en Irlanda, o anteriormente en Estados Unidos y Australia, ¿podría haberse producido en el seno de la Iglesia española?
Hasta la fecha, en España no se ha dado ningún proceso conjunto de denuncia de atrocidades similares a las llevadas a cabo por el clero irlandés. No obstante, ha habido un total de siete condenas en firme contra sacerdotes españoles.
Hoy por hoy, el único caso de abusos continuados en una institución eclesiástica con sede en España es el del seminario de Ontaneda (Cantabria), donde en las décadas de 1950 y 1960 se produjeron diversos casos de acoso sexual a seminaristas por parte del fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel. Años después, los casos fueron denunciados ante la Santa Sede, que condenó a Maciel al silencio. Ahora, tras su muerte, Benedicto XVI ha ordenado una profunda investigación sobre los centros de esta congregación en todo el mundo.
"¿Por qué el abusador de menores es un enfermo? Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso, si te descuidas, te provocan", afirmó hace pocos meses el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez. La Conferencia Episcopal no se desmarcó de estas opiniones.
Y es que si algo se puede achacar a la jerarquía eclesiástica en estas lides, ha sido su opción por "lavar los trapos sucios en casa". Aunque los casos de abusos entre el clero español que han trascendido son pocos, lo cierto es que el denominador común de la mayoría de ellos está en la cautela, cuando no en el encubrimiento. Algo que no se produce, por ejemplo, a la hora de condenar a teólogos "díscolos" con la jerarquía.
El caso más conocido es el del sacerdote de la diócesis de Madrid Rafael Sanz Nieto, que fue condenado por la Audiencia Provincial a dos años de cárcel por abusos sexuales a un niño. El fallo fue confirmado por el Tribunal Supremo (TS). La diócesis pastoreada por el presidente del Episcopado, Antonio María Rouco Varela, fue obligada a pagar una indemnización de 30.000 euros por responsabilidad civil. No recurrió la condena al sacerdote, pero sí la impuesta al Obispado. El recurso fue desestimado por el TS.
En el caso de Sanz, además, se da la circunstancia de que el que planteó la denuncia fue un grupo de catequistas, al cual expulsó de la parroquia. Finalmente, el Arzobispado reconoció haber tenido constancia de los hechos, momento en el cual decidió "apartarlo de su labor" y recluir al sacerdote en un convento, pero no avalar la denuncia. Ese cura está ahora jubilado.
La diócesis de Madrid también amparó al sacerdote José Martín de la Peña, cuya condena a 10 años de prisión por abusos a una menor durante nueve años de los 4 a los 13 fue confirmada por el TS en 2005. El Alto Tribunal consideró probado que el cura sometió a la niña "a innumerables tocamientos lúbricos" y la obligó a practicarle felaciones.
En ocasiones, no es sólo la institución eclesiástica la que protege. Así, en febrero de 2002, el entonces alcalde de Casar de las Hurdes (Cáceres), Olegario Rodríguez, decía querer recoger firmas de apoyo a Ignacio Lajas Obregón, el joven sacerdote del pueblo, que fue detenido por la Policía Nacional acusado de pornografía infantil. Dos años después, fue condenado a 16 meses de prisión por un delito de corrupción de menores. Al no tener antecedentes penales, tampoco fue encarcelado.
Hasta la fecha, sólo tres sacerdotes españoles han cumplido, o cumplen, condena por abusos sexuales. El más conocido es José Domingo Rey Godoy, ex párroco de Peñarroya (Córdoba), que en 2004 fue condenado a 11 años por abusos sexuales a seis niñas. En este caso, el sacerdote tuvo el apoyo incondicional de su obispo, que lo mantuvo en su cargo hasta el día que ingresó en prisión.
Otro caso es el de Edelmiro Rial, de la diócesis de Tui-Vigo, quien fue condenado a 15 años por abusar de seis menores, alumnos suyos y monaguillos en su parroquia. Recurrida la sentencia, el TS la elevó a 21 años. El último es el de Luis José Beltrán Calvo, ex párroco de Alcalá La Real (Jaén), condenado a ocho años de cárcel por abusos a un monaguillo.
"Abusos endémicos". El informe del Gobierno de Irlanda califica de "abusos endémicos" los practicados por la Iglesia. La investigación ha documentado casos que se remontan hasta 1914 y otros denunciados en 2000, que afectarían a 9.000 personas.
Compensaciones. En 2002 se firmó un acuerdo según el cual algunas congregaciones pagarían hasta 127 millones de euros en concepto de indemnizaciones a las víctimas.
Estados Unidos. El caso de Irlanda tuvo un grave precedente hace unos años en EEUU. Un informe revela que la Iglesia estadounidense pagó 436 millones de dólares en 2008 por casos de abusos sexuales.
Condenas canónicas. El Código de Derecho Canónico afirma que el religioso que cometa "homicidio, violación carnal o retiene a otro con el uso de la violencia, o mutila y hiere gravemente a una persona" será condenado a penas que pueden conllevar la suspensión del estado clerical.